Retos legales de la transformación digital

Retos legales de la transformación digital

¿Cómo afecta la creciente transformación digital de las empresas en lo referente a los trámites legales? En una jornada organizada por la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) en colaboración con el despacho de abogados Ecija, se abordaron estas cuestiones.

A menudo hemos hablado de la transformación digital, del estado de su aplicación en España y de las fases de este necesario proceso, entre otras cuestiones.

En esta jornada –“Retos legales de la transformación digital”– se abordaron las implicaciones legales de la digitalización y cómo este proceso está afectando actualmente a las empresas.

Fusión Pro Autónomos

Alejandro Touriño, partner y head of Information Technology, desgranó uno por uno los elementos normativos más relevantes que afectan al contexto online, y destacó que si algo queda evidente hoy es que las normas no siempre se han adaptado al mundo digital o no se han configurado para un entorno” como el de Internet.

En este sentido, Touriño resaltó que “el primer gran conflicto con el que se encuentran las empresas son las diferentes jurisdicciones” que operan en cada país. Las empresas han de asumir las obligaciones de aquellos países donde se instalan, independientemente del lugar de donde procedan y de la legislación que aplique, en muchas casos muy dispar. Así lo ha establecido recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Asimismo, se ha abordado con detalle las responsabilidades que pudieran tener las plataformas digitales sobre el contenido que se publica en ellas. A este respecto, Touriño ha asegurado que la legislación actual entiende que “la plataforma no tiene por qué monitorizar el contenido”, máxime cuando ella no ha participado en su elaboración o no tiene constancia de la ilegalidad del mismo. Otra cosa bien distinta es que la plataforma tenga “conocimiento efectivo de una infracción”. Es entonces cuando “tienen que tomar la decisión de retirar el contenido infractor”.

En el marco de la economía colaborativa, este es precisamente uno de los puntos que se está discutiendo en la actualidad: hasta qué punto las empresas tienen que ser responsables de los contenidos que publican en sus portales los usuarios.

Usuario, prosumidor

Es una realidad que, con las nuevas tecnologías, el usuario se ha convertido en prosumidor: consume, pero también produce contenidos. Esta situación dificulta la gestión de la propiedad intelectual, sobre todo la de aquellos contenidos que se publican abiertamente en las redes sociales o en ciertas plataformas digitales. “Cuando un usuario publica un vídeo en YouTube, a priori tiene todo el derecho a hacerlo”, ha admitido Touriño, sin embargo, ¿en qué medida tienen los demás usuarios derecho a reutilizar esos contenidos?

Aunque muchos usuarios lo desconozcan, ciertas plataformas se hacen con sus derechos de propiedad intelectual al publicar un contenido en ellas. Eso es lo que permite al resto de usuarios replicar sus contenidos. Los derechos de propiedad intelectual son vulnerados constantemente, ha añadido el abogado.

Por otro lado, Diego Pérez, abogado del área de Information Technology, se ha centrado en la problemática legal que presenta el big data. Las empresas, a la hora de recabar información sobre los usuarios, han de tener su consentimiento específico de forma previa. Estas leyes se han visto reforzadas por el acoso que determinados usuarios han sufrido pese a no haber solicitado determinada información. Ahora, “si los usuarios no solicitan información comercial, las empresas lo van a tener que justificar”.

No es el único caso en el que se necesita consentimiento previo por parte de los usuarios. Las condiciones de uso y políticas de privacidad han de estar completamente accesibles en un lenguaje comprensible, ha subrayado Pérez. Asimismo, hay que informar sobre el tipo de cookies que se utilizan.

Los modelos de negocio están cambiando, pero hay temas que siguen sin estar regulados. Ejemplo de ello es también la suplantación de identidad. “A nivel de usuario es muy fácil suplantar la identidad”, ha comentado Pérez, que observa que para que exista una suplantación de identidad completa deben existir ciertos datos específicos. Es el motivo por el que el inicio de acciones legales no siempre soluciona el conflicto. En ese caso, Pérez recomienda dirigirse directamente a las plataformas digitales para que acaben con el problema.

Imagen | Repcap


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